En Chile, los verdaderos velocistas no están en el atletismo, están en la administración pública. Son aquellos que apenas huelen un sumario, renuncian, antes de ser formalizados. La estrategia es que, mediante un eficaz procedimiento no oficial, desaparezcan de la escena del crimen antes de que se estampe la firma del fiscal.
Y no son pocos. 25 mil funcionarios públicos están en la mira por uso irregular de licencias médicas. Muchos de ellos ya presentaron su renuncia. Ya no es coincidencia, es una tradición y la cosa va más o menos así: si te pillan viajando mientras estás con licencia médica e instruyen un sumario en tu contra, debes renunciar antes de que se curse y así el proceso se vuelve humo.
El caso de Mauricio Tapia, exjefe de gabinete de Desarrollo Social en Magallanes, es el mejor ejemplo. Mientras estaba con licencia psiquiátrica, se fue a Río Gallegos. Al día siguiente de que se anunciara su sumario, renunció. Así, el Ministerio no tuvo que asumir el costo político, y Tapia se fue con su hoja de vida relativamente limpia, pues tenía un antecedente previo por falsificación de título profesional (lo que no evitó que fuese designado en un cargo de confianza) ¿Qué aprendimos? Que si te vas a ir, hazlo antes de que la Contraloría te notifique.
El truco es simple, y lo mejor es que podrás volver más adelante, quizás no al mismo cargo, pero sí a otro, una vez que la memoria selectiva de Chile ya que “Chile tiene una memoria selectiva para el corto plazo y favores que no terminan nunca de cobrarse”.
Y luego está Cristian Cartes, ex seremi del Deporte en Biobío. Aparece su nombre en la lista de la Contraloría, y apenas eso ocurre, el Ministerio le pide la renuncia. Se va en silencio. No hay conferencia. No hay disculpas. Solo una frase genérica: “se detectó mal uso de licencias”. Caso cerrado. Sigamos con la programación habitual.
¿Y qué dice la normativa? Que aunque renuncies, el sumario igual debería continuar. Pero eso es en el papel. En la práctica, muchos se pierden entre jubilaciones, retiros anticipados o simplemente desaparecen del organigrama antes de que se dicte la resolución. Administrativamente ilesos y políticamente reciclables.
Por eso, este no es solo un problema de ética individual. Es una falla sistémica, una grieta institucional por donde se cuelan cientos —quizás miles— de funcionarios que entendieron que en la administración pública, lo importante no es ser inocente, sino irse a tiempo.
Mientras tanto, en Punta Arenas, se detectan más de 6.000 casos de viajes al extranjero durante licencias médicas. Las autoridades locales aclaran que no saben cuántos sumarios hay realmente, porque algunos se están investigando a nivel central y otros en las regiones. En otras palabras: nadie tiene idea clara del desastre.
Y mientras los renunciados planifican su regreso, el sistema sigue igual. Sin consecuencias, sin reformas y sin vergüenza. Porque en este país, ser formalizado es un error de cálculo, no un problema de conducta. El secreto está en saber cuándo salir. Como los buenos güiñas.
